El sindicalismo universitario y el movimiento estudiantil en la UTdeM

Foto: Jonathan Núñez Campos

Por  Josué Noé de la Vega Morales

El capitalismo entró a su fase neoliberal desde la década de los setentas del siglo pasado y desde ese entonces estableció acciones contra los derechos de los trabajadores y demás grupos sociales con la finalidad de reorganizar el mundo laboral. Aquellos  que resisten a las políticas de restructuración que desde entonces se efectúa, se les combate por diversas vías, sin excluir, claro está, la represiva. Es toda una ingeniería social que avanza a partir del principio metodológico del acierto y error, y de las condiciones en que está la economía. En el caso mexicano fue un proceso blando en un inicio  para pasar a uno duro e intransigente, es decir, primero fue paulatino y a largo plazo, para de esa manera desmantelar los principios básicos que otorgaron al Estado mexicano alta legitimidad. Después, en la década de los ochenta, el Estado combatió, principalmente, a dos grupos sociales ampliamente politizado que estaban al margen del control corporativo, nos referimos al sindicalismo independiente principalmente existente, en aquellos tiempos, en los centros de educación superior y al movimiento estudiantil. Hablemos del primero.

El crecimiento, extensión y maduración del sindicalismo universitario fue difícil, de manera que constantemente enfrentó al Estado y a los empresarios. La primera etapa contra el sindicalismo universitario conjugó eventos legales y actos de represión. En las instituciones privada de educación superior los empresarios actuaron violentamente con la complacencia gubernamental en todo momento para impedir a los trabajadores de esos centros la formación de sindicatos, casos como el de la  Universidad Anáhuac y la Universidad de las Américas sirven para ejemplificar; de las instituciones mencionadas, la primera de ellas al primer brote organizativo despidió a todo al personal implicado; la intolerancia es la característica de los Legionarios de Cristo, mientras la segunda, además de rescindir el contrato a trabajadores docentes y administrativos, cerró sus puertas por varios años para “desinfectar” sus instalaciones.

Mientras en las Universidades públicas las autoridades federales y locales impulsaron sindicatos de protección. Hubo hasta intentos de modificar el artículo 123 constitucional agregándole un apartado más y su correspondiente reglamentación para impedir el avance del sindicalismo universitario. En ese tiempo es lanzada una ofensiva política y legal para desarticularlos e impedir la formación de un sindicato nacional universitario que agrupara a trabajadores docentes y administrativos. En un segundo momento, en la llamada fase de la austeridad y el inicio de políticas claramente neoliberales, hay una ofensiva contra los contratos colectivos de trabajo; muchos de los avances logrados hasta ese momento son desechados en varias universidades y junto con aquellos, los sindicatos -soporte de la racionalidad- son diezmados, tenemos como ejemplo al SUTUAP (Universidad de Puebla).

En muchos lugares son despedidos los trabajadores sindicalizados, con apoyo de las instancias laborales que también declaran improcedentes las huelgas para la obtención del reconocimiento de la titularidad de contrato colectivo en la institución educativa. Con esta convulsa situación, al interior de las centros educativos, aunque no en todos, sino en aquellos donde el sindicato independiente no pudo ser desterrado, se establecieron mecanismos racionales de contratación del personal docente a través de exámenes públicos, reglamento para la contratación del personal administrativo, formas de ascenso a través de exámenes, definitividad para el personal, reglamento del personal docente. Se redujo de manera importante la discrecionalidad de la autoridad y se dio estabilidad al trabajador. Mejoró la calidad educativa.

El proceso de expansión del sindicalismo concluyó a mediados de la década de los ochenta. Como lo señalé, no todas las instituciones fueron permeadas por esta racionalidad, un gran número siguió, hasta la fecha, con formas patrimonialistas y verticales, pues para las autoridades universitarias y los gobiernos federal y estatal, lo importante no es la mejora educativa sino el control de los centros educativos. En este caso, la discrecionalidad para los ascensos, contratación y promociones están bajo la autoridad educativa. Aunque le duela a la clase política, el sindicato universitario representativo de los trabajadores fue factor de racionalidad, hoy está demostrado. Después de casi 20 años apenas se están instrumentando algunas formas racionales de contratación y promoción del personal en aquellas instituciones donde no hubo organización sindical con la característica señalada.

Aunque la clase política hoy presuma de alta racionalidad y eficiencia, estos comportamientos son una pincelada, lo contrario es lo predominante en muchas universidades. Un ejemplo lo tenemos en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Una institución con poco tiempo de haber abierto sus puertas tiene las mismas deficiencias que las más antiguas. La falta de racionalidad y de respeto a la legalidad es su característica. Su estructura es vertical sin autonomía para que la comunidad universitaria decida los destinos de la institución. Los integrantes de su Consejo Directivo, máxima autoridad de la Universidad, está formado por funcionarios del nivel estatal y federal sin la participación estudiantil y de los trabajadores (ver Ley Orgánica), es decir, en personal externo a la universidad recaen las decisiones.

En este momento de reflujo del movimiento popular y con gobiernos neoliberales, contrarios tanto al diálogo como a la pluralidad democrática, las condiciones de la lucha sindical y estudiantil son muy difíciles para alcanzar éxito, no obstante hay que emprender las acciones necesarias. Con la llegada de un tecnoburócrata como gobernador cuya carrera política ha sido través de cargos administrativos y poco acostumbrado a escuchar y conciliar, tiende a ser un gobierno sumamente autoritario; simplemente observemos como resuelve situaciones como el del parque regional, el conflicto con el SNTE, el problema de los terrenos de la Campana y de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Acorde a su ideología, el gobernador designó como rector a una persona intolerante y acostumbrada a decidir detrás del escritorio sin importar a quien tenga que afectar. La formación del rector Humberto Uribe Preciado evidencia a un tecnócrata de cuerpo completo. Es otro egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México o sea, del grupo que forman Meade Kuribreña, Videgaray Caso y Peralta Sánchez. Su área de trabajo por excelencia ha sido la empresa privada y como complemento, la docencia en instituciones privadas tipo Universidad Anáhuac. Lo acontecido hace unos días en Manzanillo confirma lo señalado. En lugar de política usa la policía. Los toletes, escudos, cascos, hombre vestidos de civiles agrediendo a estudiantes, polvo pica-pica y gas pimienta son su forma de diálogo con los estudiantes cuyas exigencias son la permanencia de sus maestros que han mostrado, en su ejercicio profesional, calidad y calidez, rechazo al aumento de cuotas y, ante la intolerancia del rector, exigen su renuncia como el camino para avanzar en la solución del conflicto.

El rector, violando el contrato colectivo, ha despedido de manera injustificada a 40 profesores por no haber firmado un contrato individual y temporal. Así busca diezmar la fuerza sindical y escamotear el contrato colectivo, generando una total incertidumbre en la planta laboral. Hace caso omiso del mensaje que pronunciara el año pasado la encargada del despacho de la Secretaria de Educación al momento de firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de la institución quien señaló acertadamente que: “En la medida en que los trabajadores, de acuerdo con su ámbito docente o administrativo tengan mejores circunstancias, igualmente habrá garantía de que los alumnos recibirán un mejor servicio, apoyo y conducción.” Estas palabras reconocen la importancia que tiene una organización sindical pues además de otorgar racionalidad a la toma de decisiones confiere estabilidad a la planta laboral. No es la represión el camino para la solución de problemas sino el diálogo público y  la disposición del rector de reconocer a la contraparte, lo que hasta el momento ha negado. La solución debe darse en los marcos de la institución con la participación de la comunidad universitaria, -funcionarios universitarios, estudiantes y trabajadores- reivindicando los valores democráticos que tanto presume la clase política de inculcar en los centros escolares.

Contra la represión y la intolerancia, las organizaciones democráticas deben de blindar la lucha de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Entre las fuerzas políticas solidarias está la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT-Corriente Anticapitalista), que ha expresado su plena confianza en la lucha que libran los estudiantes de esa universidad, al tiempo que está segura que están enseñando el camino a seguir en la defensa o promoción de demandas, que contribuye a que en un futuro, como producto de las luchas estudiantiles, emerja una organización estudiantil democrática e independiente del Estado y los partidos políticos, que reivindique la gratuidad en todos los niveles, mejores instalaciones, laboratorios, comedores con precios accesibles, apoyos para la adquisición de material escolar y bibliotecas, acompañado lo anterior de una estructura en que los integrantes de los centros educativos sean quienes tomen las decisiones sin intervención de instancias gubernamentales, reivindicando así su autonomía.

Envía tus comentarios a  ojalaprensalibre@gmail.com

Acerca de Redacción 127 Articles
El proyecto Ojalá Prensa Libre es la suma de esfuerzos de activistas, estudiantes, profesionistas, ciudadanas y ciudadanos que creemos que otra realidad más justa es posible.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*