Proponen sanción de 45 mdp a Mario Anguiano; se desviaron 1,800 millones durante su gobierno

Foto: Proceso

Esta tarde, el Congreso del estado aprobó por unanimidad varias propuestas para sancionar al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y a 17 funcionarios de su administración, por las irregularidades detectadas tras realizarse una auditoría por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Gobierno del Estado (Osafig).

De acuerdo a la Auditoría Excepcional de la Osafig, el Poder Ejecutivo del gobierno del estado, entonces encabezado por Mario Anguiano, había desviado mil 867 millones 696 mil 154 pesos, tan sólo en los ejercicios fiscales de 2013 y 2014. El monto total de las sanciones sugeridas a los funcionarios implicados asciende apenas a poco más de 170 millones.

El dictamen aprobado fue turnado a la Comisión de Responsabilidades, la cuál podrá ratificar las sanciones, mismas que se señalan a continuación:

El ex gobernador Mario Anguiano Moreno deberá cubrir una sanción económica de 38 millones 570 mil 170 pesos y será inhabilitado 14 años para ejercer cargos públicos, toda vez que se detectó la falta de registro contable a una donación de PEMEX al gobierno del estado, en octubre de 2015, donde se aportaron 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diésel material aprovechado por gasolineras del entonces secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.

A ello, se le suma otra sanción económica de 6 millones 578 mil 515 pesos, por  no vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a dos de sus funcionarios.

Además, se propuso otra inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos, por erogar en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más a los autorizados en el Presupuesto de Egresos en los años 2013 y 2014.

Para Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario de Fomento Económico y también ex secretario General de Gobierno, se propuso una sanción de inhabilitación por 3 años, además de pagar 7 millones 406 mil 798 pesos, por no abstenerse de participar con tres empresas expendedoras de gasolina con las que tiene relación familiar en primer grado, en  la custodia de las donaciones de gasolina y diesel efectuadas por PEMEX y por no acreditar que el combustible se haya aplicado en vehículos del Gobierno del Estado.

Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario Privado y la ex administradora en la Coordinación General Administrativa, podrían ser sancionados con 4 millones 066 mil 401 pesos  y con 2 millones 733 mil 963 respectivamente, además de inhabilitarlos para ocupar cargos por 4 años para el primero y de tres años para la segunda, por ser los beneficiados con un fondo revolvente que no comprobaron.

Por déficit en la nómina de los años 2013 y 2014, Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración podría ser inhabilitado por 3 años, debido a que él ejerció ese cargo de enero a septiembre del año 2013. Además de una sanción de un millón 096 mil pesos por contratar cursos de capacitación del Programa Subsemun 2013, sin presentar pruebas de haberlo realizado. Una segunda sanción de  389 mil pesos por autorizar el pago del arrendamiento de un inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera para, presuntamente, ser utilizado por “PUBLIPAN”, empresa publicitaria.

La misma propuesta de sanción fue para Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández, quien ocupó ese cargo de septiembre de 2014 a noviembre de 2015.

Por la misma causa, se propuso sancionar con un año de inhabilitación para ejercer empleos en el servicio público a los ex directores de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Valencia Sánchez, (enero de 2013 – octubre de 2013); Ignacio Castro Osobampo, ( 2013 – 2014), y Gabriel Valdovinos Vázquez, (octubre de 2014 – enero de 2015).

Jorge Anguiano Olmos, ex director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración (enero de 2013 a julio de 2015), podría ser inhabilitado por de 3 años, debido déficit en la nómina detectado en los años 2013 y 2014.

Para la ex directora de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración Xani Citlali Mata Valdez (octubre de 2013 a diciembre de 2014), se propuso una inhabilitación de 1 año para el desempeño de cargos.

Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, podría tener una sanción económica por 32 millones 433 mil 134 pesos por autorizar pagos para la contratación de cursos, instalación de equipos electrónicos cpomo computadoras, cámaras de vigilancia, conmutadores, sistemas completos de video vigilancia, todo sin haberse comprobado.

Para Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, una sanción económica resarcitoria directa por un millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios.

René González Chávez, podría ser sancionado con un millón, 595 mil 299 pesos por autorizar el trámite de pago de  servicios de publicidad a favor Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se habría acreditado su efectiva prestación.

Para José Fernando Morán Rodríguez, ex secretario de Desarrollo Urbano, sería sancionado con 439 mil 511 pesos por autorizar el pago de suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva prestación.

Para el ex secretario de Turismo, Héctor Faustino Sandoval Fierros, se propuso una sanción económica resarcitoria directa de 137 mil 705 pesos, por gestionar y autorizar trámite de pago de unos folletos para promoción turística de Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y Armería a favor de Karewi Viridiana Flores, de las cuales no se acreditó la prestación por parte de dicha persona.

Finalmente, en el caso de Eduardo Camarena Berra, exdirector de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración se aprobó proponer una amonestación pública.

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